La violencia y discriminación por razones de género constituyen una problemática estructural. Esto quiere decir que NO son casos aislados, “excepcionales”, y que no distinguen ámbitos ni clases sociales.
Es importante resaltar que en nuestros entornos cercanos muchas de las modalidades de violencias permanecen invisibilizadas u ocultas, ya sea por el grado de naturalización de ciertas desigualdades en función del género u orientación sexual, como así también por la falta de herramientas o información a la hora de realizar consultas y eventuales denuncias. En este sentido, generar un espacio formativo y preventivo aporta a reconocer dichas violencias y contribuye a su erradicación en diferentes ámbitos.
A raíz de esta situación, desde Sembrando Futuros propusimos la capacitación online «Comunidades Libres de Violencia» en el marco del Programa de Mejora y Fortalecimiento para Organizaciones de la Sociedad Civil. Al ser un tema de relevancia para toda la sociedad, aprovecharemos la oportunidad para compartir los principales conceptos de esta capacitación en nuestra redes sociales con el hashtag: #IgualdadyRespeto
Las múltiples formas de violencias sexistas constituyen conductas y acciones lesivas de derechos humanos y han sido objeto de diferentes instrumentos normativos aprobados por la comunidad internacional, tales como:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
- Resolución 2807/2013 de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género
- Pacto de San José de Costa Rica
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Conv. de Belém do Pará)
- Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Tales tratados y convenciones internacionales gozan de jerarquía constitucional en nuestro país y por tal condición, los derechos allí consagrados deben ser garantizados por el Estado, en todos sus niveles.
Situación en Argentina
En nuestro país, la problemática de las violencias machistas y su inclusión en la agenda pública reconoce algunos hitos que marcan su conceptualización y tratamiento, y que sin dudas están atravesados por las demandas y movilizaciones de los movimientos de mujeres y feministas. Por ello, a lo largo de estos años se han debatido y aprobado una serie de leyes que promueven el acceso a estos Derechos Humanos básicos:
- Ley de Educación Sexual Integral (2006)
- Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009)
- Ley de Matrimonio Igualitario (2010)
- Ley de Identidad de Género (2012), entre otras.
A partir de la primera marcha “Ni Una Menos” del 3 de Junio de 2015 , la visibilización de estas problemáticas comenzó a crecer de manera acelerada, a la par que la demanda por la correcta implementación de estas leyes y otros nuevos reclamos al Estado asociados a la temática. Por otra parte, en el año 2018 se sancionó la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública.
Nuestro objetivo es compartir algunos conceptos, ideas y herramientas para trabajar, formarnos y acercarnos a tener tratos más igualitarios y respetuosos entre todas las personas.